Un juzgado condena a ACS por «denigrar» a Iberdrola aprovechando el ‘caso Villarejo’

La juez de lo Mercantil considera un acto de competencia desleal su maniobra para difundir que iba a presentar una demanda millonaria si la eléctrica era imputada Leer

Un juzgado condena a ACS por «denigrar» a Iberdrola aprovechando el ‘caso Villarejo’

La juez de lo Mercantil considera un acto de competencia desleal su maniobra para difundir que iba a presentar una demanda millonaria si la eléctrica era imputada Leer

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha estimado la demanda por competencia desleal presentada por Iberdrola contra ACS, después de que la empresa de Florentino Pérez difundiera en un medio de comunicación que iba a presentar una demanda multimillonaria contra la eléctrica si esta resultaba imputada en el caso Villarejo.

La sentencia afirma que se trató de una operación de ACS para «denigrar» a un rival en el mercado, lo que supone una infracción de la ley de competencia desleal. En su artículo 9, la norma considera un acto de denigración, y por tanto desleal, «la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes».

«El propósito de ACS de demandar a IBERDROLA se hace público dos días antes de la presentación de los resultados de IBERDROLA, momento éste relevante para una sociedad en el que las noticias sobre las compañías se intensifican», dice la juez, añadiendo que «el día de la publicación, la cotización de la acción de Iberdrola bajó»

«El hecho negativo que se traslada al mercado es la decisión de reclamar a Iberdrola una cantidad (2.600 millones de euros) que, según el informe pericial aportado por la demandante, representa el 72% del beneficio neto de Iberdrola el ejercicio 2020 y que, por consiguiente, es de suficiente envergadura como para generar una natural y lógica incertidumbre en los interesados (inversores, accionistas) en dicha mercantil».

La sentencia resalta que la noticia inicialmente publicada e El Confidencial tuvo luego repercusión en el extranjero, lo que supuso un perjuicio añadido a la reputación de la eléctrica.

Iberdrola y ACS están enfrentadas actualmente en el caso Villarejo, escenario de la rivalidad que se profesan desde hace años los presidentes de ambas compañías. Una de sus ramas del también conocido como caso Tándem investiga los encargos de la eléctrica al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando aún estaba en activo.

Iberdrola no está imputada en la causa , pero sí su filial de renovables y su presidente, Ignacio Sánchez Galán. Como perjudicado está personado Florentino Pérez, que según las investigaciones fue objeto de espionaje por parte de Villarejo, supuestamente por orden de la eléctrica.

El presunto espionaje habría buscado impedir el control de Iberdrola por parte de ACS. En la disputa, la eléctrica expulsó al consejero al que tenía derecho la constructora como gran accionista, algo que ACS vincula a las maniobras de Villarejo. A este respecto, la juez Olga Ahedo resalta que el Supremo avaló la expulsión del consejero, debido a la rivalidad que ambas empresas ya tenían en el mercado.

En el litigio, ACS argumentó que lo que denigraba a Iberdrola no era la información que supuestamente había proporcionado o confirmado al medio que la publicó, sino la propia actuación de la eléctrica a la luz de lo que se investiga en el caso Villarejo. La respuesta de la juez es que «el hecho de que la reputación de IBERDROLA esté afectada, incluso significativamente, por el caso Villarejo no legitima conductas aptas para incrementar el descrédito».

La estimación de la demanda no tiene consecuencias económicas, que no fueron reclamadas por Iberdrola en un principio. Sí quiso reclamarlas posteriormente, pero el juzgado no lo permitió. Así pues, la sentencia, que es recurrible, ordena a ACS «cesar en el acto de denigración objeto de esta demanda y en todo acto que pueda suponer un perjuicio a la reputación de Iberdrola».

También ordena la retirada de la información en el diario digital, junto a la publicación de la sentencia que estima la demanda de Iberdrola. Finalmente, ACS deberá pagar las costas del procedimiento.