Montero descarta por ahora abordar la subida salarial de los funcionarios y descongela el teletrabajo un año después

La ministra quiere acelerar este mes la aplicación del trabajo a distancia. La revisión de sueldos, en cambio, no es en absoluto una de sus prioridades y sabe que será un proceso muy complejo Leer

Montero descarta por ahora abordar la subida salarial de los funcionarios y descongela el teletrabajo un año después

La ministra quiere acelerar este mes la aplicación del trabajo a distancia. La revisión de sueldos, en cambio, no es en absoluto una de sus prioridades y sabe que será un proceso muy complejo Leer

Crisis La promesa del Gobierno a los pensionistas costará 10.000 millones más mientras el país bordea la recesión

Los funcionarios denuncian siempre que tienen ocasión que acumulan una importante pérdida de poder adquisitivo desde que, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretase una histórica rebaja de los sueldos de los trabajadores públicos. Y ahora, con el galopante incremento de la inflación, temen que esa situación se acreciente. Por eso, ya han traslado al Ejecutivo que es urgente comenzar a negociar los incrementos salariales y marcar un plan plurianual, como el que se firmó con el ex ministro Cristóbal Montoro y que dio lugar a las notables mejoras de 2018, 2019 y 2020.

Pero la actual responsable de Función Pública, María Jesús Montero, descarta totalmente iniciar ese proceso en este momento. No está en absoluto en su lista de prioridades y, además, en el Ministerio son conscientes de que será un asunto complicado. Con el presidente Sánchez pidiendo un pacto de rentas en el ámbito privado para evitar una espiral inflacionista, la negociación con los funcionarios se antoja muy espinosa. Y a pesar que no tienen el peso de los pensionistas, sí son un grupo de presión muy relevante.

Por todo ello, Montero quiere antes comenzar a regularizar la situación de los interinos y, después, acelerar la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) cuyo acuerdo se firmo hace ya un año. El presente mes de abril se antoja clave, aunque en el Ministerio no se atreven todavía a fijar una fecha. La propia ministra sí lo llegó a hacer en el Congreso de los Diputados, cuando en noviembre del pasado año apuntó que la medida estaría aprobada ya en enero y febrero. Evidentemente, esos plazos no se han cumplido.

«En Función Pública dicen que saldrá en breve, pero lo cierto es que ha pasado ya un año y no hemos tenido noticias», explica a este periódico Antonio González, de UGT. «Las bases se sentaron con la firma en abril de 2021 con Iceta, el 15 de diciembre el borrador ya estaba listo y el trámite de información pública terminó el 4 de enero. No entendemos a qué se debe esta demora, no entendemos a qué espera la ministra para publicarlos en el BOE. En el Ministerio nos dicen que podría estar listo en abril», añade Begoña Gil, de CSIF.

Ambos representantes sindicales coinciden también en que la aplicación del teletrabajo no es automática, que es necesario un proceso de meses para que esté completamente activo en los diferentes ámbitos de la Administración. Actualmente, los funcionarios pueden teletrabajar un 20% de la jornada, pero con el nuevo decreto podrán realizar sus tareas de forma remota durante tres días a la semana.

«Además, ahora, con la subida de las gasolinas, es un ahorro para las familias porque permite menos desplazamientos», prosigue Gil. La portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios incide en este punto en la necesidad de abordar la negociación salarial. Su sindicato ya ha solicitado formalmente una reunión extraordinaria con Función Pública, petición que no ha sido atendida. «Nos preocupa que pueda haber incluso recortes en los medios técnicos y materiales, en las plantillas o incluso en las nóminas, prosigue Gil.

«Vamos a perder muchísimo poder adquisitivo, es necesario un acuerdo que garantice nuestra capacidad y la mejor forma de hacerlo es a través de un plan plurianual como hacen otros países de nuestro entorno. En el ámbito salarial y también en las ofertas públicas de empleo», cierra González.