La Justicia mexicana da luz verde a la ley eléctrica de López Obrador contra empresas como Repsol e Iberdrola

La Suprema Corte de Justicia de México ha concluido que las modificaciones que el gobierno ha introducido en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se ajustan a la legalidad. El fallo del máximo tribunal supone una importante victoria jurídica para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca enterrar las políticas liberalizadoras de sus predecesores para apostar por un modelo energético que priorice a las empresas estatales, en detrimento de las privadas. A pesar de que la justicia ordinaria y los tribunales internacionales pueden seguir poniendo trabas al cambio de normativa, la resolución de la Suprema Corte ofrece al Gobierno una garantía jurídica sólida para imponer su ambicioso proyecto energético.

Tal y como estaba previsto, la votación emitida ayer fue apretada. En la víspera, el presidente mexicano se encargó de meter presión a los magistrados: «Que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados del interés público o abogados patronales». Finalmente, la mayoría de ellos se mostraron favorables a declarar inconstitucionales las modificaciones del Ejecutivo, pero no se alcanzaron los ocho votos necesarios para conseguirlo. La responsabilidad del resultado ha recaído sobre cuatro jueces, entre los que estaban el presidente de la Corte y dos cargos designados por el Gobierno, que han votando en contra bajo la premisa de que «no vulnera la libre competencia y concurrencia del mercado».

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma a la LIE es que se terminaba con el principio del despacho económico impulsado por el ex presidente Peña Nieto, por el que las centrales más baratas, en su mayoría renovables en manos del sector privado, eran las primeras en subir la electricidad a la red. La nueva legislación apuesta por dar prioridad a las centrales estatales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), independientemente de su forma de producir la energía que, en su gran mayoría, llega de plantas de combustóleo (fuel) sumamente contaminantes. En un segundo nivel de reparto entrarían las centrales nucleares, las plantas geotérmicas, los ciclos combinados de la CFE, los Productores Independientes de Energía y, por último, sería el turno de las centrales eólicas, solares y de ciclo combinado de propiedad privada.

Entre las modificaciones planteadas por AMLO también se abre la puerta a revisar contratos firmados y eliminar la obligatoriedad de celebrar subastas, lo que hasta ahora permitía mantener un mercado muy competitivo. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo regulador autónomo, ha denunciado en varias ocasiones que estas políticas van a convertir al sector en un monopolio estatal, verticalmente integrado y sin regulación: «Afectaría a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras, también podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios».

La reforma de la LIE ha tenido que sortear numerosos obstáculos para llegar hasta aquí. En marzo del 2021, el partido oficialista Morena utilizó su mayoría en las Cámaras para aprobar en tiempo récord la nueva ley eléctrica, pero, 24 horas después, un juez la dejó sin efectos tras aceptar los amparos presentados por varias empresas afectadas. Las denuncias siguieron llegando y, tres meses después, el oficialismo perdió el control de la Cámara de Diputados en las elecciones de mitad de mandato. Este hecho cobra especial relevancia en este contexto. Las modificaciones a la LIE son solo la punta de lanza del volantazo energético que propone AMLO: una reforma constitucional que le permita regular con más libertad el sector.

«Es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación. No les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país», aseguró recientemente el presidente mexicano para defender su propuesta de modificar tres artículos constitucionales y nueve transitorios. La reforma establece que el sector público se reservará una cuota mínima obligatoria del pastel energético del 54% y que las privadas deberán repartirse lo restante. Además, elimina otros órganos reguladores para entregar sus competencias a la Secretaría de Energía y nacionaliza la explotación del litio por considerarse un «área estratégica». La próxima semana la iniciativa llega a la Cámara de los Diputados destinada a morir, ya que Morena ha perdido la mayoría calificada y sus rivales han cerrado la puerta a apoyarla.

El presidente ha utilizado a las empresas españolas que operan en el país como ejemplo de las peores prácticas del período neoliberal: «Hacían lo que querían, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España, Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron». AMLO también ha aludido recientemente a la subida de los precios de la luz en nuestro país para describir el escenario que pretende evitar con su reforma: «Ojalá se difunda quiénes están a favor de las empresas extranjeras o a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España«.

España es el segundo inversor extranjero en México, sólo por detrás de EEUU y, el sector energético es uno de los más importantes. En él participan compañías como Naturgy, Acciona, Abengoa, Repsol e Iberdrola, muchas de las cuales aprovecharon la apertura impulsada por Peña Nieto para instalarse en el país. En ese período, entre el 2014 y el 2018, las empresas españolas representaron la mitad de la inversión extranjera directa en generación y transmisión eléctrica. Otro de los países más afectados va a ser EEUU; según sus cálculos, sus empresas van a perder más de 10.000 millones de dólares por los cambios legislativos. BBVA México va más allá y cifra en al menos 40.000 millones de dólares las inversiones que se ponen en riesgo. «Dejaría obsoletas las inversiones que han realizado estas empresas. Esto, en términos económicos, sería comparable a una expropiación», aseguró el economista en jefe de la entidad, Carlos Serrano.