La inflación disparada impulsa la morosidad: «La situación se va a agravar más de lo que imaginamos»

El periodo medio de pago a proveedores está ya en 97 días, máximo desde 2013 Leer

La inflación disparada impulsa la morosidad: «La situación se va a agravar más de lo que imaginamos»

El periodo medio de pago a proveedores está ya en 97 días, máximo desde 2013 Leer

El problema de la morosidad en las pymes: 280.000 millones de euros sin cobrar de sus clientes

Tormenta perfecta. Así es como define la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a cerca de un millón de empresas en España, la situación que viven las empresas en España ante la subida de los costes, el inminente fin de la moratoria concursal y el cambio de condiciones en la financiación avalada por el ICO.

«La inflación, el final de la moratoria de la Ley Concursal y los cambios de condiciones de los Créditos ICO podrían tener un efecto devastador en los plazos de pago, incrementando las empresas zombis y el riesgo de impago en un círculo vicioso casi sin retorno», advirtió este jueves Antoni Cañete, presidente de la plataforma.

Fuentes de la organización explican a este medio que son tantas las variables que pueden provocar un incremento de la morosidad en los próximos meses que no es factible pronosticar qué incremento se va a producir en la mora de las empresas. Pero sí ven un «enorme peligro de empeoramiento de los plazos de pago, que afectará especialmente a pymes y autónomos«.

En realidad, en los últimos meses, a medida que aumentaban los precios y que se ralentizaba el crecimiento económico por la guerra en Ucrania, ya se ha observado en España un incremento del tiempo en que las empresas tardan en pagar.

Según datos de Informa, divulgados esta semana, ha subido a 97 días el tiempo medio que tardan en pagar las empresas a sus proveedores, máximo desde 2013. Aunque este es el periodo pactado en media y no implica retrasos respecto a lo firmado, sí está por encima del plazo legal de los 90 días.

Además de que las empresas cada vez pactan periodos más largos porque no creen que puedan pagar antes, se retrasan de media 14 días más por encima de ese tiempo. Es decir, en la práctica, pagan 111 días después de cerrar la operación, aunque hayan pactado hacerlo en 97 días de media.

Es más barato pagar tarde, ya que el euro de mañana vale menos que el de hoy

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad

El problema está en que los retrasos en el pago de las deudas se ven agravados por la propia inflación, que por definición beneficia a los deudores ya que alivia el peso de la deuda.

La plataforma lo explica con un ejemplo: «supongamos que una pyme tiene una cuenta a cobrar por valor de 100.000 euros. Si su plazo medio de cobro es de 180 días, y la inflación es del 10%, dentro de 180 días el valor monetario de la deuda seguirá siendo de 100.000 euros, pero el valor real del dinero que perciba será de 95.000 euros. Esto sucede porque la empresa pagadora devolverá su deuda en moneda depreciada, obteniendo una ganancia por el mero hecho de retrasar el pago», apunta.

La inflación desvirtúa la relación prestamista-deudor y al ser beneficioso para el deudor retrasar los pagos, es previsible que los plazos aumenten. «La picaresca también se aprovechará de la histórica situación de inflación y repercutirá sobremanera en los niveles de morosidad hasta un punto casi sin retorno. Cabe esperar un alargamiento de los pazos de pago al favorecer la inflación a los que tienen deudas monetarias, porque el beneficio se incrementa si no hay coste por intereses (es más barato pagar tarde, ya que el euro de mañana vale menos que el de hoy). Como la deuda comercial no devenga intereses, el deudor tenderá a incrementar su rentabilidad financiera», explican.

El futuro que pintan es pesimista: «no pararán de incrementarse las dificultades financieras para muchas pymes y autónomos, aumentará el riesgo de impago y también la proliferación de empresas zombis» y se producirá «un efecto devastador en los plazos de pagos y el riesgo de impago en un círculo vicioso».

A la problemática causada por el encarecimiento de costes, la Plataforma añade el vencimiento de la moratoria concursal el próximo 30 de junio, que coincidirá previsiblemente con la entrada en vigor de la nueva Ley de Concursal, auspiciada por el Ministerio de Justicia, y que ahora está en tramitación parlamentaria.

El fin de la moratoria implica que todas aquellas empresas en situación de concurso volverán a tener obligación de presentarlo, de ahí que se espera un incremento considerable de las declaraciones.

La Plataforma calificó como «insuficientes» las últimas medidas del Gobierno, como el Proyecto de Ley «Crea y Crece» y el nuevo plan de pago a proveedores de ayuntamientos. Además, su presidente instó a incluir un «pacto de pagos» dentro del Pacto de Rentas en el que trabajan patronal y sindicatos y recordó que en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas (parado en el Congreso desde hace casi dos años).