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La crisis de los inspectores de Trabajo: un conflicto tan previsible como evitable – Georgia Noticias Today

La crisis de los inspectores de Trabajo: un conflicto tan previsible como evitable

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La crisis de los inspectores de Trabajo: un conflicto tan previsible como evitable

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Hace escasos meses el Gobierno de España se congratulaba por los buenos resultados obtenidos por la Inspección de Trabajo en su lucha contra el fraude en la contratación temporal, con más de un cuarto de millón de contratos temporales transformados en indefinidos en un solo año.

Algún miembro de ese mismo Gobierno, sin no pocos equívocos, se felicitaba, allá por el mes de noviembre pasado, por el «cambio de paradigma» que iba a suponer la aprobación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023, a la par que informaba a la sociedad de un incremento de la actividad inspectora en más de un 300 por 100.

También otros Gobiernos de España, fuesen del color político que fuesen, han defendido la actividad de un servicio público, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esencial para la ciudadanía y especialmente para la garantía de los derechos de los trabajadores.

El servicio público de Inspección de Trabajo está servido por funcionarios públicos y por personal laboral con una fuerte vocación social, que les ha hecho olvidar, en demasiadas ocasiones, sus propios derechos a tener reconocidas condiciones de trabajo acordes a sus responsabilidades.

No han sido pocos los conflictos sociales en los que la Inspección de Trabajo ha tenido que intervenir y armonizar los derechos en juego con sus buenos oficios, reconduciendo, ya desde Transición española, situaciones de desconocimiento de la norma laboral más propios de otras latitudes que de las europeas. Y no en pocas ocasiones, la Inspección de Trabajo ha favorecido que la salida de las cíclicas crisis económicas y sociales que hemos padecido desde los años ochenta del siglo pasado se haya hecho con el respeto y la garantía de los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

Desde la llegada de la democracia a España han sido cientos de miles las altas que han sido comunicadas a la Seguridad Social de trabajadores que trabajaban sin derechos en la economía sumergida, cientos de miles de contratos temporales transformados en indefinidos por ser fraudulentos, miles de millones de cotizaciones sociales recuperadas para el pago de prestaciones, cientos de miles de vidas salvadas al requerir condiciones de trabajo seguras en las empresas, y así podríamos seguir, facilitando datos y más datos, que no son más que un reflejo de la incidencia que tiene la Inspección de Trabajo en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros conciudadanos. Y, además, todo ello se ha conseguido con menos de tres mil efectivos, entre inspectores, subinspectores y personal de estructura, y con no muchos ni sofisticados medios técnicos.

Seguramente, como sociedad demandante de mejores servicios públicos, podemos pedirles a los miembros de la Inspección de Trabajo que aún realicen un mayor esfuerzo. Y por responsabilidad y vocación seguramente lo harán. Ahí está la respuesta de la Inspección durante la crisis financiera de 2008, durante la pandemia del COVID-19 o ahora cuando la nueva reforma laboral ha impuesto a las empresas obligaciones de nuevo cuño cuyo cumplimiento debe ser vigilado, fundamentalmente en lo que atañe a la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Pero ese esfuerzo mayor que podemos exigirles debería verse reconocido con una mejora de su organización y de los medios materiales y humanos de que disponen. Para ello, el Gobierno cuenta desde el año 2015 con un modelo de organización que ha configurado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, pero también del de Seguridad Social. De acuerdo a esta normativa, la Inspección de Trabajo dispone de autonomía financiera y presupuestaria, y además cuenta con el suficiente presupuesto para mejorar su organización y sus medios. Por tanto, ¿a qué espera el Gobierno? ¿A qué esperan los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social?

La huelga anunciada para el día 30 de marzo era previsible para el Gobierno. Ahora, tras un primer gesto del Ministerio de Trabajo y del de Hacienda, la huelga se ha desconvocado unas horas antes de su inicio, pero el conflicto permanece latente, según reconocen los sindicatos convocantes. Y es que las carencias estructurales de la Inspección ya no pueden ocultarse por más tiempo. La Inspección de Trabajo está al límite, siempre lo ha estado, pero ahora las condiciones han cambiado y la Inspección de Trabajo que todos conocíamos ya no sirve para atajar las nuevas formas de fraude.

Necesitamos la nueva organización que la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social reclama: trabajo programado y en equipo. Y para ello necesitamos reformar su estructura y mejorar sus medios humanos y materiales, especialmente los tecnológicos e informáticos. Ya se sabe que anticiparse al fraude es la mejor forma de combatirlo.

La previsibilidad de una huelga sigue estando ahí. Y para evitarla, la solución pasa por abordar de forma seria un proceso de diálogo en el seno del Gobierno de coalición. Ni los Ministerios Gestores de Hacienda y Función Pública son insensibles a las carencias de la Inspección de Trabajo, ni el de Trabajo está exigiendo nada que no deba serle reconocido a la Inspección de Trabajo.

Para poder resolver el conflicto, tal vez no sería mala idea que pudiese mediar un inspector o una inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Uno de ellos forma parte del actual Gobierno, y como mediador no le faltan méritos.

José Ignacio Sacristán Enciso.

Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2012-2017