La Cámara de Diputados tumba la reforma eléctrica de AMLO

La Cámara de Diputados ha enterrado una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la reforma eléctrica. A pesar del optimismo inicial mostrado por el oficialismo, su propuesta se ha quedado muy lejos de alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. Después de una sesión de más de 12 horas cargada de tensión, la iniciativa gubernamental solo ha sumado 275 de los 334 votos que necesitaba para salir adelante. Finalmente los opositores PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han logrado que todos sus diputados respeten la disciplina de voto, desactivando la reforma constitucional con 222 apoyos.

El cambio del marco regulatorio del sector eléctrico propuesto por AMLO buscaba dar marcha atrás a la liberalización impulsada por su predecesor Enrique Peña Nieto, reservando al menos un 54% del mercado a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitando la participación de la iniciativa privada. La reforma abría la puerta a revisar y cancelar contratos previamente firmados y, según denunciaban expertos y organizaciones ambientalistas, iba a suponer un frenazo a las inversiones y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Lejos de centrarse en las posibles consecuencias de la iniciativa, el oficialismo planteó el debate sobre la soberanía energética en términos maximalistas, como una batalla entre «defensores de la patria» y «vendidos a los intereses de las empresas extranjeras».

La sesión ha tenido todos los ingredientes de una gran cita parlamentaria: miles de seguidores de AMLO manifestándose a las puertas del Palacio de San Lázaro, enfrentamientos a gritos entre las dos bancadas, diputados disfrazados de empleados de la CFE, llamativas pancartas plagadas de descalificativos, intentos por expulsar a legisladores con presuntos conflictos de intereses, una votación cerca de la medianoche… Consciente de que el transfuguismo era su única alternativa para que la reforma prosperase, el presidente López Obrador impulsó desde hace días una campaña de persuasión para que algunos diputados opositores se pasaran a su bando: «que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres», manifestó.

Sus presiones solo lograron convencer a Carlos Miguel Aysa, diputado del PRI de 25 años que anunció que votaría a favor de la reforma porque «no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la Historia». La noticia fue celebrada por el oficialismo como un acto «heroico y de valentía», mientras que desde su partido le acusan de haber cedido a los chantajes. Actualmente, el padre de Aysa ha sido propuesto por el gobierno mexicano para ser el próximo embajador en República Dominicana, un nombramiento que aún debe ser refrendado por el Senado y que, según denuncian sus compañeros de partido, ha sido clave para que decida cambiar su postura sobre la reforma. Ante el temor de que otros pudieran seguir sus pasos, la jefatura del PRI ordenó a sus representantes dormir en sus despachos de la Cámara la noche previa a la votación.

El agrio tono del debate ha ejemplificado todo lo que había en juego para las dos partes. Los diputados oficialistas han recibido a los opositores coreando «esos son, esos son los que venden a la nación (…) si los priístas pudieran, a su madre vendieran». La diputada del Partido de los Trabajadores, aliado del Gobierno, ha dado un paso más allá, calificando a sus rivales de «hipócritas, traidores, Judas, ‘vendepatrias’, maleducados, merecen ser crucificados». Por su parte, el líder del PRI, Alejandro Moreno, vaticinaba que Morena iba a sufrir «la derrota más grande y monumental de la legislatura» y ha tachado a sus diputados de ser «cínicos mentirosos que le están fallando a México».

El nombre de Iberdrola ha sido uno de los más repetidos durante la sesión. Los diputados oficialistas acusan a la empresa española de «haber saqueado el país» aprovechándose de la apertura del mercado impulsada por Peña Nieto. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, ha denunciado que sus rivales siguen órdenes de empresas extranjeras: «sus jefes son los empresarios, son Energy, es Enel, es Iberdrola, esos son sus verdaderos jefes, no son las 46 millones de familias mexicanas». En medio de este ambiente hostil para la iniciativa privada, BBVA México cifró en 40.000 millones de dólares las inversiones que se ponían en riesgo con la reforma.

EEUU, otro de los grandes afectados por el posible cambio normativo, denunciaban que sus empresas podrían haber perdido hasta 10.000 millones de dólares. Todo ello sin tener en cuenta los posibles litigios internacionales, donde las indemnizaciones podrían alcanzar los 120.000 millones de dólares. Por su parte, las organizaciones ambientalistas han alertado que la decisión de priorizar la generación de energía a través de la CFE, la cual utiliza principalmente centrales de combustóleo altamente contaminantes, podría provocar un incremento de las emisiones de CO2 de hasta el 65%. A pesar de todas estas advertencias, el Ejecutivo está convencido de que el cambio de modelo es necesario para garantizar la autonomía energética del país.

El fracaso de la reforma eléctrica supone una importante derrota para López Obrador, aunque solo de una manera parcial. La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la semana pasada declaró que los cambios propuestos por el Gobierno se ajustan a la legalidad, van a permitir al Ejecutivo contar con una garantía jurídica sólida para imponer su ambicioso proyecto energético a través de pequeñas reformas. Por eso, poco antes de que la oposición tumbara el cambio constitucional, AMLO ya quitaba hierro al asunto: «pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición». Sin dar tiempo para la reacción, Morena va a presentar este lunes una iniciativa para cumplir otro de los objetivos de la frustrada reforma eléctrica: la nacionalización del litio. En esta ocasión, al tratarse de una simple modificación de la Ley Minera, el oficialismo no tendrá problema en sacarla adelante aprovechando la mayoría simple que aún conservan.