Interinos 2021: quiénes podrán ser funcionarios y qué prueba deberán realizar

Interinos 2021: quiénes podrán ser funcionarios y qué prueba deberán  realizar

La regulación de interinos tendrá 17 modelos diferentes y la concatenación de contratos dificulta el proceso en Educación y Sanidad Los interinos que pasen a ser funcionarios mantendrán los trienios acumulados

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere regularizar a los interinos del sector público convirtiéndolos en funcionarios con plaza fija. Una medida que busca acabar con la temporalidad de muchos contratos y también su precariedad. Sin embargo, el acceso a una plaza de funcionario sin oposición podría suponer problemas de inconstitucionalidad.

Podrán acceder al puesto de funcionario aquellos interinos que desde el 1 de enero de 2016 hayan permanecido de forma ininterrumpida en la misma plaza. Sin embargo, se deberán analizar en detalle gran parte de los puestos en sectores como Educación o Sanidad donde las rotaciones y la temporalidad en su actividad son habituales.

El Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha transferido las pruebas de selección y confirmación mediante un concurso de la plaza a los gobiernos autonómicos. En ningún caso, será una oposición. Sin embargo, el nivel de los exámenes puede diferir en su sencillez o complejidad en función de cada comunidad autónoma. En especial, en los casos particulares de las autonomías con una segunda lengua oficial.

La convocatoria estará abierta a todo tipo de candidatos, pero se centrarán especialmente en los puestos interinos a consolidar.

No, los interinos que consoliden su plaza como funcionarios también mantendrán su antigüedad y todos sus trienios cotizados sin perder su correspondiente mejora salarial. Cada trienio en la función pública supone entre 14 y 46 euros al mes para el trabajador.

Hasta el momento en la administración española se ha vivido en una única ocasión esta situación de acceso a una plaza de funcionario sin oposición previa. Sucedió durante el traspaso masivo de las competencias a las comunidades dada la excepcionalidad del momento. Sin embargo, Cataluña y Navarra intentaron llevar a cabo una segunda regulación y la justicia lo rechazó.

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