Ignacio Galán pide «una normativa estable» y «seguridad jurídica» tras el impuesto a las eléctricas

Las declaraciones llegan días después de que Pedro Sánchez anunciase un nuevo impuesto para banca y confirmase el de las eléctricas Leer

Ignacio Galán pide «una normativa estable» y «seguridad jurídica» tras el impuesto a las eléctricas

Las declaraciones llegan días después de que Pedro Sánchez anunciase un nuevo impuesto para banca y confirmase el de las eléctricas Leer

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recordado la necesidad de disponer de un entorno de estabilidad jurídica y diálogo con el Gobierno para realizar las inversiones necesarias para alcanzar la transición y la soberanía energéticas. Sus palabras llegan unos días después de que Pedro Sánchez anunciase un nuevo impuesto para banca y confirmase el de las eléctricas durante el debate del estado de la nación.

Según detalló el directivo, es esencial «una normativa estable que propicie una seguridad jurídica». Galán hizo estas declaraciones durante la inauguración de la gigabatería del Tâmega, un complejo hidroeléctrico al norte de Portugal capaz de almacenar la energía que consumen 11 millones de personas al día en sus hogares. Desarrollar este tipo de infraestructuras, apuntó, requiere «iniciativa y colaboración de las administraciones». También agradeció que en Portugal encontraron «una planificación clara y una regulación previsible», lo que favorece «traer el capital necesario para desarrollar grandes proyectos».

Así, el presidente de Iberdrola celebró haber encontrado esta predisposición a trabajar en el Gobierno luso, con quien han mantenido una relación estrecha desde que el proyecto comenzó en 2014. En este sentido, también pidió «agilidad en los procedimientos en los que es más necesaria». Iberdrola tiene planes para aumentar considerablemente -llegarán hasta los 3.000 millones de euros en los próximos años- las inversiones en renovables en el país.

Esta batería es, en realidad, un sistema de presas en el que el agua se almacena en una de ellas y se puede dejar caer hacia unas turbinas cuando el sistema está tensionado y requiere una aportación energética inmediata. Al soltar el agua es capaz de producir 1.158 megavatios, según datos de la compañía. Después, en los momentos en los que hay exceso de producción energética renovable, se puede utilizar esta electricidad en unas bombas que permiten que el agua recorra el camino inverso y se convierta en una suerte de pila hidráulica.

Durante el evento estuvo acompañado por el primer ministro portugués, António Costa, quien también advirtió de la necesidad de «agilizar el marco normativo» en la nueva realidad energética europea, que quiere desligarse de unos combustibles rusos de los que aún depende en exceso -salvo, precisamente, excepciones como España y Portugal-. «El sistema no es sostenible y genera una elevada dependencia del exterior», agregó Galán, quien lamentó que esto «aumenta la inestabilidad» cuando Europa se enfrenta a un «desafío energético».

El Ejecutivo espera recaudar entre 1.500 y 2.000 millones con un impuesto a eléctricas y petroleras que, según estas compañías, parece improvisado y de momento genera más dudas que certidumbres, además de llegar a un sector que ya está hiperfiscalizado. Sedigas, patronal que agrupa a Naturgy o Enagás, criticaba a finales de la semana pasada que «con la información disponible, es imposible entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno». «Se desconoce qué entiende por beneficios y por extraordinarios, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen», denuncia la organización.

Costa, por su parte, también aprovechó el evento para lanzar un mensaje a una Europa que, como ha demostrado la guerra en Ucrania, está menos preparada para la transición energética que España y Portugal. En este contexto, y poco antes de que la Comisión Europea anuncie su plan de contingencia ante un invierno en el que preocupa que no haya gas, ha asegurado que serán solidarios. Sin embargo, esta solidaridad no debe confundirse con predisposición a pagar las inversiones que ya deberían haber llegado.

«Si hoy tenemos esta capacidad de producción de energías renovables es porque familias y empresas pagaron 17.000 millones de euros de financiación extraordinaria», explicó el primer ministro. «Valió la pena, pero lo hicimos a nuestra costa», recordó antes de advertir que «la solidaridad significa también que no vamos a hacer pagar a los portugueses costes adicionales» para compensar el atraso de otros países.