Iberdrola negó en EEUU que sus directivos estuvieran bajo investigación al día siguiente de la imputación de Galán

Iberdrola afirmó en Estados Unidos que ninguno de los directivos estaba siendo investigado formalmente en España. Lo hizo al día siguiente de que la Audiencia Nacional imputara a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y cuando la eléctrica intentaba obtener de las autoridades de Nuevo México el visto bueno a la adquisición de PNM Resources por parte de su filial en EEUU.

El negocio, valorado en 8.000 millones, no salió adelante porque a la comisión que revisaba el asunto no le convenció la investigación que se estaba desarrollando en España. En un duro escrito, Iberdrola culpó al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, de haber perdido el negocio por su lentitud al tramitar la causa y apuntó a que pediría responsabilidades económicas.

La representación de Florentino Pérez -que está personado como perjudicado en el caso porque fue espiado por Villarejo, presuntamente por orden de la eléctrica- ha presentado un escrito al juzgado en el que expone lo que sucedió en EEUU conforme a las actas públicas del caso.

De ellas se desprende que al día siguiente del auto en el que el juez imputaba a Galán, Iberdrola informaba a la comisión de que «existe una investigación […] que ahora incluye a un número de nuevos individuos», en referencia al presidente y tres directivos. Y añadía: «En España, el primer estadio de cualquier procedimiento es una investigación formal donde se echa una amplia red para determinar si existen hechos que permitirían sostener una imputación penal. La fase de investigación es sólo eso, una investigación para obtener hechos. No es un escrito de acusación ni la imputación formal ni ninguna otra acción formal por parte del Juzgado».

Las explicaciones le parecieron insuficientes a una ONG muy activa en las tareas de la comisión, que pidió acceder a la resolución judicial y nuevas aclaraciones. Citaba con preocupación extractos de la resolución publicados por la prensa española. La respuesta de Iberdrola, además de resistirse a entregar el auto al afirmar que era secreto, fue que las noticias -en varios casos, extractos literales de la decisión judicial- eran «rumores, insinuaciones e inferencias».

Finalmente se ordenó entregar nuevos datos y acabó compareciendo ante la comisión un representante de Iberdrola. Minimizando la situación, declaró que «las personas y compañías que son designadas como ‘investigados’ no son necesariamente objetivos de la investigación según las leyes de España; más bien esta designación es una forma en la que el Juzgado de España requiere a las personas y compañías para que proporcionen pruebas al Juzgado».

Un escrito posterior de Iberdrola insistía en que «los juzgados en España utilizan el término ‘investigado’ no como forma de identificar a los objetivos de una investigación, sino más bien para requerir a las personas y a las compañías para que cooperen con las autoridades en relación con la investigación».

La eléctrica sostenía que no cabe traducir «investigado» con el término inglés «charged», de connotaciones muy negativas. Un problema para ello es que la comisión contaba con un informe de la firma de abogados Baker & McKenzie sobre Iberdrola en que se usaba charged para referirse a las imputaciones en España. Frente a eso, el representante de Iberdrola dijo que se trataba de «un pequeño error de traducción en la versión en inglés».

«Cuando dice en las páginas 7-8 de la versión en inglés que ‘el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado, por Auto de 9 de Julio de 2021, imputar a Iberdrola Renovables Energía con cohecho’, no hay imputaciones formales que hayan sido realizadas a Iberdrola Renovables».

El escrito presentado por la representación de Florentino Pérez en la Audiencia concluye afirmando que de todo lo anterior «se colige que el supuesto daño a Iberdrola SA no se ha producido por un anormal funcionamiento de la administración de Justicia española, sino por el normal funcionamiento de la misma ante la existencia de indicios racionales de criminalidad en la actuación de Iberdrola SA y sus ejecutivos de forma continuada durante casi una década».