Hacienda se niega a aplicar el plan de ajuste fiscal que le exige la AIReF y alega que no es el momento «óptimo»

Hacienda se niega a aplicar el plan de ajuste fiscal que le exige la AIReF y alega que no es el momento «óptimo»

Enfrentamiento

El Ministerio justifica que «la estrategia fiscal no debe incrementar la incertidumbre», y la Autoridad Fiscal le responde que la planificación es precisamente «lo que transmite certidumbre»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.JA BARBANCHO

DANIEL VIAÑA


@DanielVianaR

Madrid

Actualizado Viernes,
12
noviembre
2021

02:07

PGE El incesante recorte del crecimiento: también la AIReF rebaja sus previsiones de manera muy notable

El Ministerio de Hacienda se niega a aplicar el plan de ajuste fiscal que le exige la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Considera que no es el momento «óptimo». Y aunque el organismo que dirige Cristina Herrero ni siquiera pide que sea algo inmediato sino una medida «creíble y realista» a medio y largo plazo, el departamento de María Jesús Montero le responde que «primero es necesario determinar los daños de la pandemia y esperar a que se haya reducido la incertidumbre». Y luego, ya se verá.

Así consta en el seguimiento de las recomendaciones que en el tercer trimestre realizó la AIReF, documento en el que también se expone que Hacienda estima que «la estrategia fiscal no debe incrementar la incertidumbre, proponiendo posibles medidas para escenarios contingentes, que considera que sin duda influirían en las expectativas y comportamiento de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales». Esto es, que considera que un plan de ajuste es algo que incidirá negativamente sobre el país, aunque al mismo tiempo pone en valor «su firme compromiso con la estabilidad se manifiesta en la estrategia fiscal y económica».

La AIReF, evidentemente, ve totalmente «insuficiente» la respuesta de Hacienda, y señala que precisamente una planificación como la que exige «es lo que transmite certidumbre a los agentes económicos y posibilita un mayor control de la actividad presupuestaria». Y buena muestra de ello es que no sólo la Autoridad Fiscal sino también el Banco de España le ha solicitado una medida similar tanto al Ministerio como al propio Gobierno. Porque el déficit seguirá disparado en los próximos años, a pesar de la reducción que siempre vende el Gobierno, y porque la deuda pública supera ya el 120% del Producto Interior Bruto (PIB) y permanecerá en niveles muy elevados durante mucho tiempo. Pero en el Ejecutivo, como bien demuestra la evaluación de la AIReF, no tiene la menor intención de aplicar ese plan «creíble y realista».

La Autoridad Fiscal, además, tiene más motivos para estar molesta con el Gobierno. En concreto, seis, que son las recomendaciones que, contando la ya apuntada, le ha realizado al Ejecutivo. Y son también las que han sido rechazadas. Cinco de ellas a Hacienda y una al Ministerio de Economía. Las peticiones están relacionadas con la sostenibilidad de las cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria y el intercambio de información, y ambos departamentos han decidido rechazarlas porque no las consideran adecuadas ni oportunas.

Existe una séptima, que en este caso se la realizó al Instituto Nacional de Estadística (INE) y que está relacionada con los tiempos en la publicación de ciertas estadísticas. La AIReF «considera que debería hacerse todo lo posible para que documentos presupuestarios de la importancia de los PGE, que sirven para implementar la política fiscal del Gobierno, incorporen la información más actualizada posible en el momento de su aprobación para evitar que pierdan vigencia al poco de ser aprobados». En otras palabras, evitar que se vuelvan a producir situaciones como la actual, en la que el dato del PIB del segundo trimestre evidenció que el cuadro macro del Gobierno, publicado apenas unos días antes, estaba totalmente desfasado.

Estadística, en cambio, estima que «no precisa acometer medidas o actuaciones adicionales» porque «las fechas de publicación establecidas garantizan que las operaciones de cuentas nacionales del INE cumplan íntegramente con el principio de coherencia y comparabilidad establecido en el Código de Buenas Prácticas».

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