España y Portugal proponen limitar el precio del mercado eléctrico y compensar a las gasistas con fondos europeos

Francia se adelanta 13 días a España y anuncia un megaplan de 28.000 millones en ayudas para cubrir el encarecimiento de la energía a industria y campo. Leer

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España y Portugal trabajan en una fórmula conjunta para limitar el precio del megavatio hora en el mercado mayorista a un máximo de 180 euros, según ha desvelado en una comparecencia parlamentaria el ministro de Energía luso, João Pedro Matos Fernandes. Ambos países tienen previsto presentar una propuesta conjunta a otros socios europeos del Sur durante el encuentro de este fin de semana en Roma con el objetivo de elevar una propuesta conjunta al próximo Consejo Europeo de Versalles.

La medida implicaría una notable y rápida rebaja del precio de la electricidad en el mercado mayorista de la electricidad, ya que desde que se inició la invasión rusa de Ucrania el coste del megavatio hora no ha bajado de los 200 euros, llegando a marcar cotas históricas de 544 euros.

Limitar el precio del mercado es una solución bien vista por la vicepresidenta española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya que daría una solución rápida a la crisis y evitaría el retraso que puede suponer abordar una reforma integral del mercado eléctrico o buscar un mecanismo para sacar de éste a las centrales térmicas de gas.

De hecho, la propia Ribera ya ha amenazado en numerosas ocasiones con tomar la decisión a nivel nacional si la Comisión Europea sigue arrastrando los pies en materia energética lastrada por el menor intervencionismo de los países del Norte. En todo caso, el Gobierno es consciente de que si abarata únicamente la luz en España se produciría un incremento notable de los exportaciones eléctricas a Francia, por lo que pide que la compensación a las gasistas se realice con fondos europeos y no con cargo al bolsillo del consumidor español.

El ministro portugués ha dado incluso cifras potenciales del ahorro que supondría una medida de este tipo para el consumidor luso (1.100 millones de euros) y español (4.600 millones), argumentando que la compensación a las empresas energéticas que demostraran que su aprovisionamiento de gas sea superior al precio máximo fijado sería muy inferior. Se trataría en todo caso de una medida temporal acotada a la actual crisis de precios.

Fuentes del Gobierno español se limitan a señalar que esta es una de las propuestas sobre la mesa, aunque aún no hay nada decidido. Esta petición se sumará a las medidas fiscales que el Ejecutivo pretende presentar el próximo día 29 para seguir abaratando la luz, el gas y los carburantes a empresas y familias.

Mientras el Gobierno sigue estudiando las medidas, otros países que son competencia directa a nivel económico como Francia se apresuran a presentar sus medidas de respuesta a la crisis energética. El Gobierno que preside Emmanuel Macron ha anunciado este miércoles que asumirá la mitad del sobrecoste de gas y electricidad a empresas en riesgo de sufrir pérdidas económicas por el alza del coste de la energía.

La medida está diseñada especialmente para sectores como la metalurgia, la industria química, la del papel y el cartón, las industrias agroalimentarias y los agricultores. Se trata de los mismos que en España piden a Sánchez que actúe con urgencia para evitar que las paradas temporales de sus plantas se extiendan en el tiempo y comiencen a producirse despidos y localizaciones.

Las medidas anunciadas por Francia supondrán ayudas por 28.000 millones de euros e incluyen subvenciones y préstamos garantizados por el Estado para las empresas energético intensivas, que tendrán más flexibilidad para el aplazamiento del pago de los impuestos y de las cotizaciones sociales, así como para recurrir a los Erte.

El plan también incluye una serie de «respuestas específicas» para los sectores más impactados por la escalada de la energía, empezando por el pesquero, informa Efe. Desde mañana y hasta finales de julio el Estado financiará una reducción de 35 céntimos de euro por litro del carburante de los barcos.

Igualmente anunció una partida de 400 millones de euros para los agricultores, y sobre todo para los ganaderos, que se enfrentan a un fuerte incremento del precio de los piensos, y diferentes mecanismos para el sector del transporte.