El precio disparatado de la energía duplica las quiebras de comercializadoras eléctricas en España

Competencia urge al Gobierno a dar liquidez a las comercializadoras eléctricas para evitar una oleada de quiebras

Que el precio de la energía suba no es garantía de que las empresas del sector vayan a tener un aumento inaudito de sus beneficios. De hecho, algunas como las comercializadoras del mercado libre -que compran diariamente la energía en el mercado al precio que esté, pero la han vendido previamente a un precio fijo- han sufrido pérdidas tan abultadas que, en muchos casos, han acabado en quiebra.

Según datos de Solunion, joint venture entre las aseguradoras Mapfre y Euler Hermes, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, en el primer trimestre del año el número de insolvencias entre las eléctricas ha crecido un 117% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone que se ha más que duplicado. Este incremento de las quiebras empresariales se produce después de un año 2021 en el que éstas ya aumentaron un 83%, «concentrándose en el segundo semestre en paralelo con la subida del precio eléctrico», explican. Entre 2021 y lo que va de 2022, en total 46 empresas de este sector se han declarado insolventes en España.

«Con el fuerte incremento de los precios de la electricidad/gas natural desde mitad del segundo semestre de 2021, han sido las comercializadoras de libre mercado (quienes fijan sus propios precios, ofrecen tarifas únicas y proponen servicios adicionales) las más impactadas en cuanto a quiebras y bajada de solvencia. Algunas han cerrado voluntariamente y otras han sido inhabilitadas por el órgano regulador«, señalan los expertos de la compañía.

Por norma general, este tipo de comercializadoras compran en el mercado diario la energía que posteriormente suministran a sus clientes a precios contratados (fijados antes de la fuerte subida) y, al no tener cubierto el riesgo con contratos a plazo, no han podido cumplir los términos contractuales.

Además, les ha influido negativamente «el encarecimiento de las garantías vigentes con los operadores del mercado y de redes, que se actualizan con los precios»; «los impagos por parte de los clientes«, que en muchos casos no han podido asumir la subida de la factura, y «el coste fiscal del IVA soportado«, ya que las comercializadoras pagan el 21% de IVA a las distribuidoras pero sólo cobran el 10% a los clientes debido al recorte del IVA de la luz que aprobó el año pasado el Gobierno. Estos aspectos «también han impactado significativamente en su solvencia», apunta Solunion.

Para el segundo trimestre del año (abril-junio), la firma espera un nuevo aumento de las insolvencias entre las comercializadoras del mercado libre, aunque no espera que sea muy representativo respecto al total de quiebras que se produzcan en el país entre todos los sectores económicos. La hostelería ha liderado los últimos años estos procesos, por delante de construcción que tradicionalmente estaba a la cabeza de concursos de acreedores.

La propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ya advirtió en octubre del año pasado de que la subida de los precios de la energía podría provocar un aluvión de quiebras, como contó este medio, y aunque este organismo aprobó una serie de resoluciones para amortiguar el impacto de la subida de precio en su negocio, no ha sido suficiente para evitar el aumento de las quiebras.

De cara al conjunto de 2022, Solunion prevé un incremento significativo de los concursos de acreedores en el sector energía en general y cree que será uno de los sectores con más crecimiento, aunque condiciona esta proyección a la eficacia de las medidas del Gobierno.

«Dependiendo de la eficacia de las medidas tomadas por el Gobierno, y siempre teniendo en cuenta el contexto de limitado volumen que genera históricamente este sector, esperamos un crecimiento de las insolvencias superior al 50%. Habría que volver a los años 2014-2015, cuando se modificaron los parámetros retributivos de los incentivos a la inversión en energías renovables, para observar un volumen de concursos similar en este sector», advierten.

Hasta la fecha, las medidas tomadas más relevantes son la fijación de un precio medio de referencia del gas en 50 euros/megavatio hora (frente a los 90 euros en los que cotiza actualmente) que aún no ha entrado en vigor; la bonificación de 20 céntimos por litro en los carburantes; la limitación de los beneficios caídos del cielo a las renovables -windfall profits-, ya que su coste de generación apenas ha sufrido cambios mientras el precio de la energía es muy alto; y otras políticas para fomentar las renovables como la financiación de nueva capacidad al margen de las subastas.

Siguen en vigor también hasta el 30 de junio las rebajas fiscales para la electricidad que se aprobaron el pasado verano; la reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, así como el aumento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de dióxido de carbono a las industrias beneficiarias; las ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas por producto final es particularmente alto; y medidas para fomentar y acelerar las renovables como agilidad en la tramitación de proyectos de energía eólica y fotovoltaica, más autoconsumo y el permiso para desplegar energía fotovoltaica flotante.

Llama la atención, en cualquier caso, que el número de insolvencias en el sector energético haya crecido considerablemente a pesar de que a día de hoy sigue en vigor la llamada moratoria concursal, es decir, la exoneración de la obligación de presentar concurso de acreedores, que a priori decaerá el próximo 30 de junio si el Ejecutivo no decide prorrogarla de nuevo hasta hacerla coincidir con la nueva ley concursal -en tramitación parlamentaria y con cientos de enmiendas en curso-.

Cuando esta obligación vuelva a ser efectiva, los expertos de Solunion creen que se producirá un «efecto rebote en todos los sectores» y que se puede esperar un boom de concursos de todas las empresas que se han mantenido con respiración artificial pero cuya viabilidad está en jaque, las llamadas ‘empresas zombis‘.