El precio de la electricidad se disparó un 107,8% en marzo y llevó al IPC al 9,8%
El INE confirma que los precios registraron la mayor subida desde 1985 en el primer mes de la guerra y de la huelga de transportes Leer
El INE confirma que los precios registraron la mayor subida desde 1985 en el primer mes de la guerra y de la huelga de transportes Leer
El INE no ha dado la sorpresa este miércoles al confirmar que el IPC subió un 9,8% en marzo, el primer mes de la guerra y que coincidió con la huelga de los transportistas en España, lo que supone un récord desde el año 1985 y coincide con el incremento de los precios que ya había adelantado el instituto a cierre de mes.
Se trata de la mayor subida interanual de los precios que se registra en España desde mayo de 1985, cuando el IPC se disparó un 9,9% y sirve para confirmar las expectativas de los economistas, que pronosticaban un repunte muy fuerte de los precios este mes que en el mejor de los casos podría convertirse en el máximo del año. En lo que va de 2022, los precios suben de media un 7,8%.
En términos intermensuales, analizando la subida de los precios que se produjo en el país en marzo respecto a febrero, el INE ha confirmado que el alza fue del 3%, el mayor incremento que se produce en un sólo mes desde la década de los 70, cuando España atravesaba una crisis inflacionista.
La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos y de los alimentos por ser precisamente los más volátiles (los que más suben en este momento), subió en marzo un 3,4%, la más alta desde 2008.
Este último indicador es precisamente el que quieren utilizar los empresarios para marcar la hoja de ruta de las subidas salariales en los próximos años, con el objetivo de evitar una espiral inflacionista y que se generen efectos de segunda vuelta (que se genere aún más inflación), pero los sindicatos no parecen dispuestos por el momento a aceptar incrementos de sueldos tan limitados en comparación con lo que se elevan los precios.
El Gobierno, por su parte, está condenado por su propia reforma de las pensiones a utilizar el promedio de la inflación anual de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 para aprobar una revalorización de las pensiones de cara a 2023, lo que provocará un incremento del gasto de entorno a 10.000 millones adicionales. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por cada punto extra de inflación, se suman 1.500 millones al gasto público.
Teniendo en cuenta los datos de inflación de diciembre de 2021 a marzo de 2022 y a falta de conocer la evolución de los precios en los próximos ocho meses, las pensiones tendrían que subir un 7,5% el año que viene.
