El Parlamento sandinista ratifica el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua pese a la repulsa internacional
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Daniel Ortega es insaciable. El Parlamento sandinista ha ratificado hoy la disolución de 83 organizaciones sin fines de lucro, tal y como ordenó el caudillo revolucionario. Entre ellas destaca la Academia Nicaragüense de la Lengua, una institución con casi un siglo de vida, que cuenta con el apoyo de escritores, activistas, opositores y de la propia Real Academia de la Lengua de España, que se pronunció en las últimas horas a través de un comunicado.
«Es fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más algo grado escritores del país», recordaron desde Madrid, a la vez que alababan el «trabajo mancomunado» que ha realizado hasta hoy la Academia Nicaragüense de la Lengua y advertían de la relevancia de la decisión gubernamental, que la condena al cierre.
La repulsa internacional no ha logrado frenar los planes del dictador. «Tras 94 años, esta dictadura no logrará de un plumazo borrar el aporte que la Academia ha significado para el país. Llora Rubén Darío por estos bárbaros», reaccionó la poetisa Gioconda Belli desde el exilio.
El resultado de la votación fue concluyente: 75 votos a favor y 16 abstenciones. La Asamblea Nacional permanece bajo control total del oficialismo, no sólo a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sino también con los partidos colaboracionistas que Ortega permitió participar en las elecciones. La justificación usada por el Gobierno para castigar a estas ONG es que no se inscribieron como «agentes extranjeros», tal y como marca una de las leyes sandinistas.
De esta forma prosigue el avasallamiento contra las ONG que trabajan en Nicaragua. El caudillo sandinista ya acumula 344 clausuradas o canceladas desde que pusiera en marcha su plan para acabar no sólo con cualquier voz crítica en el país, también con organizaciones que molestan su discurso hegemónico.
Una lista larguísima que incluye organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, a la que se han sumado en esta última andanada la Fundación Bolaños, creada por el expresidente Enrique Bolaño, la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y la Red de Desarrollo Sostenible.
«A través del Ministerio de Gobernación y de la Asamblea Nacional ejecutan la voluntad de una tiranía con el propósito de ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense», denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más tras conocer la decisión legislativa.
La embestida de Ortega y su copresidenta, Rosario Murillo, que se presenta ante la opinión pública como poetisa, ha logrado aplacar con su plan de terror el levantamiento popular nacido en abril de 2018. En sus cárceles albergan a más de 170 presos políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales.
Más de 350 personas han muerto víctimas de la represión policial y paramilitar, que también ha provocado miles de heridos. En torno a 200.000 han huido del país centroamericano.
