El Gobierno de Bolivia deroga la ‘ley madre’ en el sexto día de paro para «allanar el camino» hacia la reactivación de la economía

El Gobierno de Bolivia deroga la ‘ley madre’ en el sexto día de paro para «allanar el camino» hacia la reactivación de la economía

El presidente Luis Arce subrayó que la situación de protestas en el país «está generando zozobra, incertidumbre, por sectores que tienen otros intereses».

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este sábado —que marca el sexto día de paro organizado por sectores opositores— la abrogación de la Ley 1386 sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, más conocida como ‘ley madre’. 

«El Gobierno nacional tiene que velar por la paz y tranquilidad», declaró Arce, citado por medios locales. «Todo lo que está pasando está generando zozobra, incertidumbre, por sectores que tienen otros intereses», agregó.

De acuerdo con el mandatario, la decisión fue tomada tras una evaluación de las demandas en relación con la ley en cuestión para impulsar la reactivación de la economía del país, si bien detalló que también existen «intereses más allá de las necesidades de grupos sociales».

«Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía«, aseveró Arce en una rueda de prensa.

La conocida como ‘ley madre’ fue aprobada en agosto de este año y, entre otros puntos, establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.Esa disposición ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma sin contar con la validación del Congreso.