El Gobierno alimentará la inflación si se centra en dar ayudas frente a bajadas fiscales

El Gobierno ya ha desechado la posibilidad de bajar los impuestos, como le trasladó Nadia Calviño a las comunidades el lunes, pero si se centra únicamente en compensar a las familias y empresas por la subida de precios concediendo bonificaciones (como las anunciadas para los transportistas) o con ayudas sociales para las familias, lejos de conseguir bajar la inflación podría provocar lo contrario al inyectar más estímulos en la economía.

Las únicas medidas fiscales que contempla el Gobierno son mantener las aprobadas el año pasado: la reducción del IVA energético del 21% al 10%, la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5% y la suspensión del impuesto de generación, que tenía un gravamen del 7%. Esas medidas tributarias han permitido que la inflación suba de media todos los meses un punto menos. De hecho, en febrero subió un 7,6%, pero a impuestos constantes (si no se hubieran aprobado esas medidas) habría subido un 8,5%, según el INE. En enero, el IPC repuntó un 6,1%, pero lo habría hecho un 7% sin medidas fiscales.

Estos datos demuestran que tocar los impuestos sí incide sobre los precios, a diferencia de lo que ahora defiende el Gobierno. «Vamos a responder de manera eficaz, no con unas soluciones milagrosas que verdaderamente no resuelven los problemas a los que nos enfrentamos en este momento. El año pasado topamos el precio del gas, extendimos los bonos para las familias más vulnerables, bajamos el IVA y los impuestos a la electricidad, que ya están entre los más bajos de Europa y no tenemos margen para reducirlos, apoyamos decididamente a la industria electrointensiva y ahora estamos trabajando en un plan de choque, con un objetivo prioritario muy claro: frenar la escalada, bajar los precios de la electricidad, del gas y de los carburantes, y esto no se resuelve bajando el IRPF. Creo que es evidente, tampoco se resuelve bajando incluso el IVA, que los mismos transportistas han dicho que no les resuelve sus problemas», defendió este miércoles Calviño en el Congreso.

Al no tocar los impuestos es previsible que la inflación siga su curso alcista. Servicios de estudios como Funcas ya han advertido que rozará el 9% este mes y que incluso podría llegar a superar el doble dígito en algún momento del año. Para el promedio de 2022, ya se espera una inflación media cercana al 7%.

Aunque el Gobierno dice que su objetivo es bajar los precios, si no aprueba medidas fiscales es difícil que lo logre, más aún si inyecta nuevos estímulos a la economía para compensar las subidas de precios, ya que sería como echar más leña al fuego. Cuando aumenta la oferta monetaria o el dinero en circulación en una economía, se produce un incremento de la inflación porque los agentes asumen que los consumidores tienen más poder adquisitivo. Precisamente los bancos centrales ya están acelerando la retirada de estímulos monetarios, porque no pueden seguir inyectando dinero con estos niveles de inflación.

Este jueves y viernes, 24 y 25 de marzo, serán días claves para el futuro de los precios en el país, ya que el Consejo Europeo debatirá en Bruselas sobre la posibilidad de desligar el precio del gas al de la electricidad, algo que será fundamental, según el Ejecutivo, para conseguir bajar la factura energética de las familias y empresas españolas. En caso de que no salga adelante esa propuesta, el presidente del Gobierno tiene un plan B que sería que la Comisión permitiera a España y Portugal intervenir los precios del gas sólo en su territorio.

Así, el Ejecutivo podrá lograr sólo uno de sus tres objetivos: bajar la electricidad -y con ella la inflación energética-, pero no conseguiría reducir el precio del gas ni el de los carburantes, con lo que estos seguirían presionando al alza en la inflación total de la economía. Otros países como el Reino Unido sí han tomado medidas que buscan atajar la inflación por varios frentes (han bajado 5 céntimos por litro el impuesto al combustible hasta marzo del año que viene y han aprobado reducir durante los próximos cinco años el IVA de los productos destinados a mejorar la sostenibilidad energética de las viviendas -como los paneles solares, el aislamiento o las bombas de calor- y bajar los impuestos a los trabajadores a partir de julio), mientras que Francia ha bajado 15 céntimos por litro el impuesto al combustible durante los próximos cuatro meses.

Aunque estas medidas concretas aún no han entrado en vigor, sí han sido anunciadas por los respectivos gobiernos. En España, por ahora, se desconocen las políticas concretas que va a aprobar el Ejecutivo.

Ante este desconcierto, los sindicatos se manifestaron ayer en las calles de todas las ciudades españolas, los transportistas por carreteras continúan su paro, cada vez más sectores sufren desabastecimiento y los representantes de las empresas reclaman medidas.

El clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política

CEOE y Cepyme celebraron este miércoles su Junta Directiva y, en un comunicado conjunto emitido después, exigieron al Gobierno que «detalle con la máxima urgencia»las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista; así como al bloqueo de las carreteras, que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza con una gran crisis económica y social.

«Es preciso que las acciones sean rápidas, concretas y efectivas. Los países vecinos como Francia, Italia o Portugal ya han desplegado planes anticrisis precisos, con una fecha de puesta en marcha prevista. Es difícil de comprender, como hemos reiterado en los últimos días, que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello. Ya son mayoría los sectores empresariales de este país que están en una situación insostenible. La industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía española; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales. En esta situación, el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política», advierten.