El Banco de España estima que un 45% de los trabajadores con convenio estará protegido frente a la inflación en 2023

Los trabajadores con convenio que ven sus salarios protegidos de la inflación son uno de cada cuatro y serán casi uno de cada dos el año que viene, según el Banco de España. En diciembre vencen convenios que afectan a dos millones de trabajadores que esperan acogerse a estas cláusulas Leer

El Banco de España  estima que un 45% de los trabajadores con convenio estará protegido frente a la inflación en 2023

Los trabajadores con convenio que ven sus salarios protegidos de la inflación son uno de cada cuatro y serán casi uno de cada dos el año que viene, según el Banco de España. En diciembre vencen convenios que afectan a dos millones de trabajadores que esperan acogerse a estas cláusulas Leer

El despegue de la inflación y el efecto que está teniendo sobre el poder de compra de los hogares está acelerando la firma de convenios laborales que incluyen cláusulas de revisión salarial, blindando en mayor o menor medida las nóminas frente a las subidas de precios.

Según el Banco de España, un 25% de los trabajadores con convenio vigente en 2022 cuentan con cláusulas de salvarguarda contra la inflación. Son compromisos firmados por las empresas en las que trabajan de que se revisarán los salarios si la inflación al final del año (o del período de vigencia del convenio) supera el incremento salarial pactado inicialmente.

La inclusión de estos compromisos en los convenios es un asunto crítico en el diálogo social. De hecho, CCOO y UGT quieren que se incluyan en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento guía para la firma de todos los convenios en España. La patronal presidida por Antonio Garamendi se niega a asumir ese compromiso y esta diferencia hace imposible la firma.

Pero no significa que las empresas no lo estén reconociendo. El promedio de trabajadores cubiertos con estas garantías entre 2014 y 2021 ascendió al 16,6%, lo que ya supone un crecimiento más que notable. La información obtenida por el Banco de España a partir del Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad indica que en el próximo año seguirá esta tendencia. Si hoy son uno de cada cuatro trabajadores con convenio los que tienen cierta protección frente a «sorpresas» que minan su capacidad de compra, en 2023 serán casi la mitad, un 45% según «información parcial disponible» en manos del organismo.

El pasado mes de abril, el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos advirtió contra la proliferación de estas cláusulas. Señaló que «su mayor incidencia conlleva un aumento del riesgo de que eventualmente se materialice una espiral de incrementos de salarios-precios que podría tener efectos muy nocivos sobre la actividad y sobre el empleo en un horizonte de medio plazo».

En el informe actual profundiza en el contenido de las garantías pactadas para indicar que, en su mayoría, recogen los índices de inflación general como referencia (que considera distorsionados); usan como referencia la tasa de referencia interanual a final de cada año; no tienen efectos retroactivos y sólo trasladan parcialmente la subida de los precios a los salarios, es decir, están topadas.

El 45% de trabajadores cubiertos frente a los precios es una cifra corta para los sindicatos, que ayer anunciaron movilizaciones en toda España para alcanzar este objetivo. A día de hoy, según datos facilitados por el servicio de estudios de CCOO, hay 209 convenios colectivos sectoriales que afectan a dos millones de trabajadores que finalizan su vigencia el próximo 31 de diciembre y que, por tanto, son susceptibles de tenerse que negociar en 2023. A esta cifra habría que sumar los convenios colectivos finalizados antes de 2022 pero que siguen en negociación, de los que hay más de 1.000 sectoriales.

Los sindicatos anunciaron ayer su calendario de movilizaciones para los próximos meses ante el estancamiento de las negociaciones con la patronal para lograr una subida salarial que incluyen manifestaciones ante las organizaciones empresariales y una gran concentración el 3 de noviembre en Madrid.

El hecho de que CEOE se encuentre en pleno proceso para reelegir a su presidente, Antonio Garamendi, hace poco probable un acuerdo. Además, Garamendi ya ha señalado que es contrario a firmar un acuerdo general que condicione a todas las empresas, con independencia de su situación.

Los sindicatos tienen por lo tanto la vista puesta en la mesa de diálogo social para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que afectará a cerca de dos millones de personas. El Gobierno se ha ratificado en varias ocasiones en su intención de elevarlo al 60% del salario medio español en 2023 y los sindicatos esperan que eso equivalga a un SMI de 1.100 euros para que sus perceptores tampoco pierdan poder adquisitivo.