Criminalizadas y obligadas a parir: Las niñas y adolescentes de Colombia son las más afectadas por la penalización del aborto

Criminalizadas y obligadas a parir: Las niñas y adolescentes de Colombia son las más afectadas por la penalización del aborto

Las niñas y las adolescentes en Colombia representan el grupo poblacional más afectado por la violencia sexual en el país, por lo que serían uno de los más favorecidos con la despenalización total del aborto.

Así lo reveló un informe del colectivo feminista Causa Justa que fue dado a conocer esta semana, en medio del debate que está llevando a cabo la Corte Constitucional para avalar o rechazar la reforma del Código Penal a fin de que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un delito en este país.

El aborto fue despenalizado en 2006 en Colombia solo por tres causales: si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto, pero además de que este derecho sigue enfrentando obstáculos, el artículo 122 del Código Penal todavía establece penas de 16 meses a cuatro años y medio de prisión para las mujeres que deciden frenar sus embarazos.

Por eso la Corte está analizando ahora dos demandas de inconstitucionalidad que apuntan a dejar de criminalizarlas. Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada precisamente por Causa Justa.

En su informe, la organización explicó que el 73 % de los 26.158 casos por presunto delito sexual, registrados en 2019, se refiere a víctimas de cero a 17 años. Las más afectadas, con un total de 9.472 denuncias, tenían de 12 a 17 años.

«En muchos de los casos, los agresores corresponden a personas de su círculo social o familiar. Estas desgarradoras cifras corresponden a aquellos casos que son denunciados. Sin embargo, se estima que exista un importante subregistro«, advirtió.

Intolerable

El documento añade que las niñas y adolescentes colombianas enfrentan un difícil panorama que las sitúa como las más afectadas por formas de violencia sexual en el país, lo que coincide con la tendencia en la región, en donde el 80 % de las violaciones sexuales de las menores se concentra en víctimas de entre 10 y 14 años, además de que en el 90 % de los casos se trata de abusos reiterados.

También recuerda que, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia la tasa de violencia sexual para el año 2018 fue de 52,3 víctimas por cada 100.000 habitantes y que se registró que diariamente 15 niñas, de entre 10 y 14 años, parieron. Además, el 86% del total de las mujeres agredidas sexualmente fueron niñas y adolescentes.

La situación se agravó durante la pandemia, ya que datos de la Fiscalía General de la Nación revelaron que del 16 de marzo al 6 de abril de 2020 se denunciaron 19 femicidios y 3.069 casos de violencia intrafamiliar, de las cuales 1.407 correspondían a delitos sexuales.

«En particular, entre el 25 de marzo y el 23 de junio de 2020, 2.451 niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia sexual; esto se traduce en un promedio de 27,2 abusos sexuales cada día contra menores de edad«, señala el informe.

Las niñas y adolescentes, recalca el colectivo, no solo afrontan un panorama donde son las mayormente afectadas por la violencia sexual y las barreras agravadas para acceder la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también son las más perseguidas y criminalizadas por realizar esta práctica, incluso si se encuentran entre las causales.

Por ejemplo, las cifras oficiales de 2017 que reportan que ese año había 37 denuncias en contra de niñas menores de 14 años y al menos tres casos de niñas entre los 11 y 12 años, a pesar de que, por su edad, tenían pleno derecho a abortar.

«Las menores de edad resultan más sancionadas que mujeres en los demás grupos de edad. Si bien el 12,5% de los casos investigados involucran mujeres menores de edad, el 24% de las sancionadas son menores», sostiene el estudio.

Derechos

El informe explica que la despenalización total es necesaria porque eliminaría la posibilidad de que niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, que no fueron protegidas adecuadamente para evitar que los hechos victimizantes ocurran, sean posteriormente criminalizadas.

Por otra parte, asegura que permitiría avanzar hacia la despenalización social del aborto, que sería entendido únicamente como un servicio de salud y un derecho fundamental de las niñas y las adolescentes, de modo que los estigmas que afectan su acceso puedan ser progresivamente superados.

«Evitaría las muertes o secuelas físicas y psicológicas en las niñas y adolescentes, asociadas a la realización de abortos inseguros y prevendría la existencia de maternidades forzadas de niñas y adolescentes que, como resultado del estigma asociado a la criminalización del aborto, no tienen acceso a la información completa, clara y veraz sobre el acceso a servicios de salud reproductiva que requieren para tomar decisioneslibres e informadas», precisa el documento.

Por último, considera que la medida ayudaría a reconocer, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, la capacidad evolutiva con la que cuentan las niñas y adolescentes para tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.

Cecilia González