Bruselas pide poderes para decretar racionamientos obligatorios del consumo del gas en caso de emergencia

Propone una reducción voluntaria inmediata del 15% para todos los Estados, que se volvería vinculante ante un corte total por parte de Moscú y problemas de abastecimiento Leer

Bruselas pide poderes para decretar racionamientos obligatorios del consumo del gas en caso de emergencia

Propone una reducción voluntaria inmediata del 15% para todos los Estados, que se volvería vinculante ante un corte total por parte de Moscú y problemas de abastecimiento Leer

Bruselas quiere preparación, solidaridad y capacidad de reacción de los 27 ante un corte brusco, total e irreversible del suministro de gas procedente de Rusia, y cree que para ello la única, o al menos la mejor forma de proceder, es dotarse de poderes para poder coordinar, en caso de emergencia, un racionamiento colectivo, obligatorio y lineal de hasta el 15% en el consumo de gas en la Unión. Así consta en la propuesta presentada este miércoles con el título de un Plan para la reducción de la demanda de gas europea.

El núcleo de este plan de preparación para un invierno muy duro es reducir el consumo de gas en todos los estados miembros para que si se produce un corte de suministro el shock sea lo más controlado posible. Hace unas semanas ese era el peor escenario, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en el escenario base. En el texto presentado hoy, la Comisión insta a una importante reducción voluntaria y paulatina desde ya mismo y a lo largo de los próximos ocho meses, pero introduce un giro notable a partir de entonces, cuando se fijarían objetivos concretos para cada país y vinculantes.

«El Plan tiene tres pilares: cambiar del gas a fuentes alternativas, incentivar la reducción de consumo en las industrias a través de herramientas de mercados y ahorrar en aire acondicionado y calefacción», arranca la propuesta, que pone el dedo en concreto en los sistemas de calefacción en el exterior. «Todos los consumidores, administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios públicos, proveedores de energía e industria pueden y deben tomar medidas para ahorrar gas», añade. Dicho eso, los hogares no entrarían en estos preparativos de contingencia, son «objetivos protegidos» y las reducciones no afectarían a los hogares, al menos en principio. Deberían ser los últimos en sufrir las consecuencias.

La idea no cuenta con un respaldo mayoritario ahora mismo. La Comisión propone, pero son en última instancia los gobiernos nacionales (con una negociación con el Parlamento de por medio) los que tienen la última palabra, y abordarán la cuestión el próximo martes en un Consejo Extraordinario de ministros de Energía. Una cosa es solidaridad en caso de emergencias, como se ha visto cuando Rusia cortaba los envíos a Bulgaria, Finlandia o Alemania, y otra cosa un esfuerzo a esta escala. Los mismos resquemores que hubo hace 15 años en la crisis financiera se repiten ahora, pero cambian las latitudes. Y algunos de los que entonces fueron señalados, como España o Portugal, miran hoy a quienes llevan lustros desoyendo las advertencias sobre su dependencia energética de Rusia y menospreciando las llamadas a diversificar. La propia Polonia, cuya economía sufrirá mucho, se niega a que haya racionamientos obligatorios del consumo: «El mecanismo de solidaridad no debe empujar a una reducción en la seguridad energética de nadie», ha dicho estos días su responsable de Clima, Anna Moskwa.

Un corte ruso supondría, como poco, una caída de la economía europea del 1,5%, según las estimaciones de Bruselas. La reducción voluntaria, de hasta el 15%, se produciría de forma inmediata si contara con el respaldo de las capitales, entre el 1 de agosto y finales de marzo de 2023. Pero si se produjera el cierre del grifo total desde Moscú, todo cambiaría. La Comisión decretaría un Estado de Alerta y entonces el mecanismo se convertiría en obligatorio. Ese 15% de meta, que es imposible según fuentes diplomáticas que pase el filtro del Consejo en estos momentos, se calcularía en función del consumo medio de cada economía nacional en el último lustro. En el mejor de los casos, dicen esas fuentes, si la idea saliera adelante sería con una reducción significativa de los números.

La base legal sería el Artículo 122 del Tratado, uno que ha sido mencionado numerosas veces en los últimos años y que permite medidas excepcionales en situaciones de emergencia. «Sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidasadecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía». Esa emergencia la podría declarar la Comisión Europea a iniciativa propia o a petición de tres estados. Es algo que se barajó con las vacunas cuando había problemas con AstraZeneca y que España y Portugal aprovecharon para la solución Ibérica para poder limitar el precio del gas en la generación eléctrica.

Pero la idea es que el que quiera solidaridad, tendrá que ganársela. La Comisión propone un mecanismo de gobernanza para certificar que todo el mundo se ha remangado y está haciendo de verdad todo lo que puede y debe para reducir ya el consumo y prepararse para el golpe. El que no lo haga no tendría ‘derecho’ a la ayuda de sus vecinos.

Los 27 tienen de plazo hasta septiembre para remitir a Bruselas sus planes de emergencia actualizados, en los que deben reflejar qué medidas van a hacer par encaminarse hacia ese 15%.

Dentro del paquete aprobado hoy por el Colegio de Comisarios, y que los diplomáticos ya están discutiendo, hay muchos elementos complicados. A pesar de que la prioridad de la legislatura es la transición verde y la reducción de emisiones, la UE asume que un corte total del suministro por parte de Rusia implicaría reforzar la apuesta por otras fuentes, aunque sean contaminantes. Hay países que están revisando su decisión de renunciar a la energía nuclear y la Comisión abre ahora la puerta a relajar los controles a las emisiones industriales.

Algunas medidas, que se habían ido conociendo, pasaban por limitar forzosamente los termostatos, tanto el aire acondicionado como la calefacción, a 25 y 19 grados, en edificios públicos o grandes superficies. O premiar a las industrias que reduzcan voluntariamente su consumo mediante incentivos fiscales. La propuesta del órgano comunitario contempla incentivos a través de ayudas de Estado para que las compañías que producen electricidad cambien sus combustibles y refuercen las fuentes alternativas como la energía solar, la biomasa o el biometano, así como el uso de oxígeno en lugar de gas en algunas instalaciones industriales. La propuesta recoge también que se ofrezcan procesos de subasta o licitación mediante los que la reducción del consumo de gas de los grandes operadores industriales se recompense adicionalmente.

La Comisión quiere que los gobiernos nacionales aprieten las tuercas ya mismo, incluso con la ola de calor que azota el continente. Cada capital tiene sus planes de emergencia listos y actualizados, y el sentir es que viene un golpe durísimo en otoño y que toda previsión y sacrificios previo es poco.

Los números no salen y si el corte llega de golpe y los 27 no han reducido notablemente su consumo y llenado los depósitos el shock puede ser demasiado grande. Por ello la parte menos concreta del plan pasa por cambiar desde ahora mismo el discurso y empezar a concienciar, preocupar y preparar a la ciudadanía. Las medidas nacionales permiten pasos drásticos en esta fase preventiva, como en última instancia sacar a operadores no esenciales del sistema para ahorrar. Nadie se va a atrever a tanto, pero la sensación es que no se está haciendo ni muchísimo menos lo suficiente y lo necesario. Y piden un toque de atención.

«Para superar el invierno necesitaremos solidaridad. Pero para que esta solidaridad funcione, cada Estado miembro debe asumir sus responsabilidades. Quienes soliciten solidaridad tendrán que demostrar que han implementado todas las medidas necesarias para reducir la demanda de gas ruso. Sobre el ahorro energético, era urgente brindar directrices claras ante el peor de los escenarios para garantizar la continuidad de nuestras cadenas de suministro, asegurar la disponibilidad de bienes y servicios esenciales y mantener intactas las capacidades productivas. Mi objetivo es claro: hacer todo lo posible para encontrar sustitutos para evitar el cierre de industrias. Por la integridad del mercado interior, por supuesto, pero sobre todo para preservar los puestos de trabajo y el nivel de vida de los europeos», ha apuntado el comisario Thierry Breton, responsable del Mercado Interior.

Hungría, por ejemplo, decretó su estado de emergencia la semana pasada, con una inflación galopante. Pero lejos de ir en línea con el espíritu de solidaridad optó por activar los mecanismos que de hecho hacen lo opuesto, como prohibir las exportaciones de gas al extranjero.

La Comisión propone que las empresas clave, como las que se encargan de Sanidad o de Defensa, no pueden verse afectadas, y que hay que cubrir también el suministro de materias primas, alimentos y componentes esenciales. Pero que los sectores que tengan la posibilidad de buscar alternativas, aunque sean más caras, tengan que hacerlo.