Alarma en Alburquerque por la quiebra del Ayuntamiento: deuda, cortes de luz y dos millones de impagos a los trabajadores

Alarma en Alburquerque por la quiebra del Ayuntamiento: deuda, cortes de luz y dos millones de impagos a los trabajadores

Pablo Márquez y Julia Rubio no pudieron celebrar el último cumpleaños de su hija Lucía, de 12 años. Fue la propia niña quien, comprobando la situación que se estaba viviendo en casa, les pidió que no le prepararan ninguna fiesta. Ambos, empleados municipales del Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) -5.300 habitantes- desde hace dos décadas, llevan sin cobrar desde enero. 21.000 euros en el limbo. Han llegado a recurrir a Cáritas. No son los únicos.

Casi 200 compañeros (la mayoría trabajadores eventuales a los que se les ha ido renovando con contratos temporales) se encuentran en parecidas circunstancias. Sobreviven gracias a las ayudas sociales, familiares, amigos o vecinos y van a trabajar cada día, a pesar de los impagos. Algunos, dados de baja por depresión u otras enfermedades asociadas, fueron despedidos de forma fulminante, incluso una chica en pleno tratamiento oncológico. También le ha ocurrido a la secretaria personal de Alcaldía desde 2002. Esther, que llegó a estar trabajando sin alta en la Seguridad Social casi tres años, no aguantó más y este verano pidió la baja por ansiedad. A su vuelta, en septiembre, la colocaron en una mesa vacía, sin teléfono y sin ordenador.

La suma de impagos a los trabajadores asciende a 2 millones de euros. La deuda global triplica el presupuesto municipal y sobrepasa los 15 millones de euros. Hay embargos de la Seguridad Social y Hacienda e impagos desde hace más de dos años a proveedores, como a la empresa de agua o a Iberdrola. Se ha cerrado la guardería municipal, las dos piscinas municipales (una climatizada), la lavandería, el gimnasio y existe un lamentable abandono de las cuatro residencias de mayores. Tampoco hay material para arreglar calles o pintar los edificios y las pistas deportivas y los parques se caen a trozos. Esta semana ha habido cortes de luz y teléfono en las dependencias municipales.

Sólo hay ocho funcionarios fijos, pero hasta llegar a los 389 empleados que hubo en su momento (siempre antes de cada periodo electoral) se inflaron los contratos temporales. Todo el mundo era empleado público, aunque fuera eventual. También se llamaba directamente desde Alcaldía para oficializar las 35 peonadas firmadas -y no al revés- y poder cobrar los subsidios.

La Policía Local ha quedado desmantelada. Un agente de los dos que quedan en la plantilla (los otros siete pidieron el cambio de destino porque no aguantaban la situación) llegó a estar en huelga de hambre por los atrasos en las nóminas. Víctor Piriz, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, exige la disolución del municipio porque se dan «claramente» los supuestos del artículo 26.3 de ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que incluyen la gestión «gravemente dañosa para los intereses generales».

«Se han comprado voluntades para asegurarse el voto y todo el mundo iba entrando y saliendo del Ayuntamiento, cotizando para el paro o para la pensión. A ese sistema se acostumbró la gente durante muchos años», advierte Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, partido en la oposición. Con todo lo expuesto, la Junta de Extremadura cree que aún no ha llegado el momento de un segundo caso Marbella, el único precedente de intervención del Estado en un ayuntamiento. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, «los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados por lo que se debe esperar a que esas medidas den resultado antes de ejercer una opción tan extraordinaria».

Oficialmente en esta legislatura la alcaldesa es María Luisa Vadillo. Se mantiene en el cargo como no adscrita tras ser expulsada del PSOE en marzo tras la presión popular. Inició su mandato con 8 ediles y hoy sólo le apoya una concejala. También se marchó el interventor. Sin embargo, en mayo se contrató como asesor de la Alcaldía y portavoz al ex alcalde, Ángel Vadillo, a razón de 1.500 euros mensuales. «Es el que sigue mandando», claman en el pueblo. Bajo las siglas del PSOE, consiguió aplastantes mayorías absolutas durante 24 años, hasta que una sentencia lo condenó a dos años y medio de prisión. Sólo un indulto del Gobierno (2019) le evitó entrar en la cárcel por un delito de obstrucción a la Justicia y amenazas públicas contra una mujer, que tuvo que exiliarse del pueblo.

Con más de 22 años encadenando contratos temporales en el departamento de Personal como administrativa, se dio de baja en agosto, «tras más de tres años de impagos e injusticias», y cuando se recuperó en septiembre y quiso volver a su puesto comprobó que ya no figuraba en la Seguridad Social ni le habían notificado su despido. «No ha habido control de gasto y se ha vivido por encima de las posibilidades, se ha ido tapando, hasta que no se ha podido más. Es una emergencia social».

Al único técnico de la Oficina de Turismo le deben 10 nóminas: «Han hecho lo que le han dado la gana y ahora deben dinero a todo el mundo. En otras empresas es el Fondo de Garantía Salarial el encargado de asumir los impagos, pero aquí no sabemos quién lo va a hacer. Nadie nos hace caso, ni nos reciben, la incertidumbre es total. Tengo hipoteca y dos coches porque mi mujer trabaja fuera. En diciembre acabo contrato y seguramente me tendré que ir si no cobramos».

39 contratos diferentes en 20 años en Cultura. La última nómina que cobró fue en enero. «Alguna vez me levanto y compruebo que he recibido un Bizum de alguien que no veía hace 5 años; lo único bueno de todo esto es que la gente nos quiere», señala Pablo. En una carta ha mostrado su «sufrimiento, calvario y desesperación», así que le pide a Fernández Vara actuaciones urgentes: «Dice muy poco de los dirigentes de un partido que fue fundado para defender los derechos de los trabajadores».

Auxiliar de Geriatría, entró a trabajar en agosto y sólo ha cobrado poco más de 400 euros desde entonces. Se queja de las condiciones de las residencias de mayores, escasamente atendidas con personas contratadas sin formación, incluso una persona sorda que no escuchaba la llamada de los internos, como el caso de uno ya en estado de agonía: «No se les puede tratar como animales, como aquí ha ocurrido, son personas, y así lo hice saber a los responsables, incluida la alcaldesa».

Conforme a los criterios de

The Trust Project

Saber más