¿A la sombra de los ‘jai’? La razón de la silenciosa ola de suicidios que azota a las comunidades indígenas en Colombia

¿A la sombra de los ‘jai’? La razón de la silenciosa ola de suicidios que azota a las comunidades indígenas en Colombia

La ‘wawaima’ es el malestar espiritual para los indígenas emberá. La tristeza, el llanto y el arrebato son sus primeros síntomas y revelan la posesión de una persona por un ‘jai’, una suerte de ánima que, si no se expulsa, puede llevar a su víctima a un desenlace fatal.

La cosmogonía de esos pueblos indígenas, que se ubican en zonas de la región del Pacífico colombiano, caracterizan así signos parecidos a lo que el mundo occidental llama depresión y ponen sobre la mesa el debate sobre las secuelas más profundas –e invisibles– que dejan la violencia armada, los desplazamientos y la falta de oportunidades de las comunidades más olvidadas.

Hasta agosto de este año, unos 22 jóvenes indígenas de la comunidad Emberá Dobida se han suicidado en el Departamento del Chocó, y 20 de ellos eran menores de edad. La cifra es alarmante si se considera que el año pasado, en esa misma zona, se reportaron tres suicidios, según alertó el presidente de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó (Fedeorewa), Plácido Bailarín.  

Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. En los años 2010, 2011 y 2015 también se registraron cifras preocupantes de suicidios en esas comunidades, con 11, 20 y 18, respectivamente. En el 2016, la situación llegó al punto que la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tuledel del Departamento del Chocó emitió un extenso documento para denunciar que la epidemia estaba lejos de terminar.

«Ya llevamos más de 12 años clamando, insistiendo la atención a este problema de salud, pero no hemos tenido respuesta«, decían las autoridades indígenas en ese entonces. Los datos más recientes confirman que la situación persiste, que las condiciones de vida se deterioran aún más y que la atención sanitaria –ahora concentrada casi exclusivamente en el covid-19–, no tiene esa problemática entre sus prioridades.

Desarraigo, violencia y conflicto

Entre 1959 y 2020, una época que comprende más de medio siglo de guerra en Colombia y los pocos años de «paz» tras el acuerdo con las extintas FARC, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documenta 5.011 víctimas indígenas de asesinato selectivo, masacres y desaparición forzada.

La cifra no contempla el número de víctimas de otras violencias como el desplazamiento forzado, el reclutamiento por parte de grupos armados, las violaciones o la coacción en sus propios territorios, que no solo afectan el modo de vida de esas comunidades, sino que tienen una incidencia directa en la salud mental de sus integrantes, como lo demuestra el aumento de fenómenos como el suicidio.

En el informe ‘Tiempos de vida y muerte’, elaborado por el CNMH en 2019, los investigadores advertían que una de las situaciones más preocupantes era la de los wayuu y embera, que «han empezado a demostrar serios síntomas de crisis como un aumento considerable en la tasa de suicidios, que para el caso wayuu se ha agudizado con la expansión minera de El Cerrejón (la más importante explotación a cielo abierto de carbón en el mundo) y la irrupción del paramilitarismo, con su posterior toma del poder territorial y político, muy parecida a la situación del Pueblo Embera, que registra reiterados casos de suicidio por la penetración de grupos en su territorio».

El terror, la incertidumbre y el miedo que se ha incrustado en los pueblos ancestrales de Colombia tiene un relato silencioso, aunque no por ello menos preocupante. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) detalla en su más reciente informe que las tasas más altas de suicidios por cada 100.000 habitantes se registraron en Vaupés (30,9) y Amazonas (17,7), donde al menos el 55 % de la población es indígena, según el Censo Nacional de Población de 2018.

Las estadísticas no precisan cuántas de esas muertes corresponden a indígenas, pero al ver los números totales de los grupos étnicos, el DANE especifica que la tasa de suicidios en las comunidades originarias son más altas que las de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), «particularmente en el grupo de 15 a 29 años».

Las diferencias por género son evidentes, ya que las tasas de suicidio de los varones son por lo menos 1,5 veces más altas que la de las mujeres, al menos a partir de los 15 años. La excepción a esta regla está también en Vaupés, donde el número de mujeres que decide quitarse la vida es superior al de los varones.

Aunque no es el único factor, los especialistas coinciden en que el progresivo desmembramiento de las comunidades, que se ven obligadas a desplazarse de sus territorios o estar a merced de la violencia armada (legal o ilegal), es una cuestión decisiva que puede desequilibrar a los miembros de una etnia.

Del mismo modo, la falta de oportunidades, el racismo y el «choque cultural» de esos pueblos –forzados a convivir con colonos o a relacionarse con un mundo ajeno a su cosmogonía– empuja a muchos indígenas a buscar «formas desesperadas de evasión de la vida, como el suicidio colectivo, el alcoholismo, la negación autoimpuesta de cualquier traza que delate una ‘indianidad’, que parece sinónimo de derrota y subordinación», asevera el citado informe del CNMH.

Las tasas de problemas de salud mental en las comunidades indígenas están aumentando y la atención sanitaria es casi inexistente.

En 2001, los miembros de la comunidad emberá katíos del Alto Sinú se mostraron dispuestos a un suicidio colectivo si los actores armados seguían sin respetar sus territorios. Veinte años más tarde, esas mismas etnias siguen lanzando alertas porque en los primeros seis meses de 2020, 12 mujeres y niñas se suicidaron: 10 eran menores de edad, la mayoría murió por ahorcamiento y casi todas habrían sido víctimas de violencia sexual por parte grupos armados ilegales que delinquen cerca de sus territorios.

¿Un problema de enfoque?

«Las tasas de los problemas de salud mental en las comunidades indígenas están aumentando sistemáticamente en todo el mundo», advertía la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe elaborado hace más de seis años. Las elevadas tasas de suicidio y el incremento del uso de sustancias psicoactivas en los jóvenes fueron los signos más evidentes de una epidemia para la que no se esperaba una adecuada atención sanitaria, ya que ese mismo documento reconocía que las probabilidades de que las poblaciones originarias tenga acceso a esos servicios eran «muy bajas».

Y es que la salud mental no aparece entre las prioridades de la política sanitaria. Un estudio de la OMS, elaborado en 2004, estimó la enorme brecha que hay a nivel mundial para atender la problemática: mientras en los países desarrollados no se atienden entre el 35,5 % y el 50,3 % de los casos graves, en los países en desarrollo esa porción va desde el 76 % al 85 %. Si se toma en cuenta la exclusión estructural y la postergación histórica a los pueblos indígenas, la cifra es previsiblemente mayor.

El otro problema es el abordaje de esta situación en contextos indígenas. Para algunos especialistas, el enfoque debería ser igual que al establecido para los occidentales, mientras que otros consideran que es inadecuado aplicar conceptos «provenientes de contextos sociales e históricos ajenos». Lo cierto es que, al menos en Colombia, las comunidades denuncian la inconsistencia de las políticas públicas en esta materia.

«Nos dijeron que nos iban a dar tres charlas de una psicóloga, pero la primera charla la dieron ya cuando mi hermana se había quitado la vida. Ya para qué. Y no volvieron, estamos pidiendo que nos den las otras dos, pero nada», le contó Andrés Dojirama, líder juvenil indígena de 28 años, a El Espectador.

Efecto múltiple

A principios de este mes, el Ministerio de Salud de Colombia dio a conocer la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida, que entre sus apartados dedica uno con recomendaciones específicas para atender a las comunidades originarias.

La razón de este enfoque diferenciado es que, según el documento, «la conducta suicida en población con pertenencia étnica tiene un alto nivel de relevancia, no solo por las cifras que se reportan sino por la relación con el riesgo de pervivencia o extinción cultural y física de poblaciones que se han ido diezmando por distintos factores como enfermedades adquiridas por el contacto con otras poblaciones, por el conflicto armado, o por la pérdida de territorio que les ha generado otros problemas de salud».

Los pueblos originarios estarían siendo «víctimas del etnocidio y genocidio más agresivo desde la época de la colonia», con más de 17.000 hechos victimizantes en lo que va de año.

El Ministerio de Salud, además, reconoce que hay otros factores de riesgo asociados a la conducta suicida en esas comunidades, como la falta de acceso a los servicios de salud mental «con pertinencia y adaptación intercultural»; el debilitamiento de sus prácticas culturales no solo por la pérdida del territorio, sino también por la presencia de megaproyectos y grupos armados; el racismo, la discriminación y la exclusión contra los grupos étnicos por parte de poblaciones mestizas; y la «pérdida de prácticas y saberes cultuales que favorecen la salud mental».

Entre esas herramientas propias que podrían ayudar a las comunidades a tener mejor salud mental, según la cartera sanitaria, se encuentran los mecanismos de resolución de conflictos, de crianza, de cuidado y de comunicación en el idioma originario, así como la práctica de actividades lúdicas y deportivas, que no estén condicionadas a las hostilidades externas en sus propios territorios.

Pero más allá de la identificación del problema y las recomendaciones para su efectiva solución, el asunto de fondo tiene que ver con la implementación de estas medidas, especialmente porque son las comunidades indígenas las que denuncian al Gobierno por el incumplimiento de compromisos mínimos como el respeto a los territorios, el cese de la violencia y el resguardo de sus asentamientos.

A finales del mes pasado, la Organización Nacional de Indígenas en Colombia alertó que los pueblos originarios estarían siendo «víctimas del etnocidio y genocidio más agresivo desde la época de la colonia», con más de 17.000 hechos victimizantes en lo que va de año. Para esa agrupación, las cifras son consecuencia directa de las políticas del presidente Iván Duque, del recrudecimiento de la violencia y de la «presión minero energética» que ha provocado el desplazamiento, el asesinato y la persecución de los líderes sociales en las comunidades ancestrales.

Nazareth Balbás

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